La corrupción tiene nombres y apellidos, no siglas. Pero ningún representante de ningún partido debería erigirse en adalid de la limpieza para rentabilizar las miserias de sus oponentes sin mirar bajo las alfombras de sus propias sedes.
El sistema de financiación de los partidos políticos, a pesar de las reformas de la legislación en 2007 (ley 8/2007), sigue careciendo del principio de realidad. Y la realidad es que los partidos, en nuestro país al menos, son una hucha sin fondo que tratan de adquirir ventaja respecto a sus oponentes no con las ideas, sino con una maquinaria electoral que supone miles de millones en gastos publicitarios, asesores e investigadores, para tratar de poner fuera de juego al contrario antes de la confrontación de los programas.
Porque la legislación actual establece las prohibiciones de donaciones anónimas y un límite de 100.000 € anuales por cada privado, así como la prohibición de que organismos públicos o personas con relaciones con la administración puedan financiarlos y las cuentas son fiscalizadas públicamente.
Estos límites serían suficientes si se quisiera asumir el carácter de servicio público de estos instrumentos de participación ciudadana en el sistema, con el uso exclusivo de los medios de comunicación públicos para exponer el contenido programático, con asambleas de militantes abiertas que irradiaran las propuestas a sus círculos cercanos, con dedicación desinteresada de los propios candidatos mientras no ostenten cargo público, etc, etc,.
Pero evidentemente estamos pues ante unas limitaciones que los partidos no quieren imponerse, porque no podrían pagar los sueldos de sus secretarios generales, tesoreros, juntas directivas, superiores en muchos casos a los del presidente del gobierno de turno, ni podrían dedicar tantos millones a engrasar la rueda del partido con encuestas, folletos, viajes o mítines. Y como vemos en la propia ley, se sanciona a los partidos sólo con medidas económicas en caso de incumplimiento, lo que evidentemente no acaba con la corrupción sino que la engorda.
Porque si un partido ha ganado unas elecciones utilizando recursos ilícitos, ¿no deberían poder anularse los votos conseguidos mediante campañas pagadas ilegalmente?, pues ese partido ha competido con ventaja al utilizar más recursos de los permitidos y por tanto se ha conculcado el principio de igualdad de medios entre los candidatos para convencer a los electores. ¿No debería, igual que a HB respecto al terrorismo, inhabilitarse a los partidos que aceptan dádivas envenenadas para tener ventajas de partida en el marco electoral?.
O eso, o que nos dejemos de hipocresías, como el preámbulo de la propia ley 8/2007 que dice "La libertad de los partidos políticos en el ejercicio de sus atribuciones quedaría perjudicada si se permitiese como fórmula de financiación un modelo de liberalización total ya que, de ser así, siempre resultaría cuestionable la influencia que en una determinada decisión política hubiesen podido ejercer de las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación y romper la función de los partidos políticos como instituciones que vehiculan la formación de la voluntad popular", y asuman, asumamos, que el Caso Filesa, El Caso Gurtell, el propio caso Matas, son demostraciones de que la ley no evita el propio principio por el que fue redactada y se reconozcan las cuentas reales de nuestros servidores públicos. Que se diga cuanto reciben del estado, de subvenciones indirectas (cursos de formación, viajes, etc.), de "dietas" por asistencia o pertenencia a consejos de administración de nuestras cajas de ahorros y empresas públicas, los intereses a los que reciben los préstamos (muy alejados de los de los ciudadanos), y se reconozca que necesitan más, que quieren más. Y que los ciudadanos podamos decidir si este sistema tal y como está planteado nos interesa. Pero ante dos, tres o casi cinco millones de parados como en este momento, y otros tantos de ciudadanos que tienen que tirar de familiares y los ahorros de toda la vida para pagar las facturas fijas de todos los meses, es difícil reconocer estas evidencias. Por eso se nos sigue engañando con medias verdades y se sigue mirando para otro lado y defendiendo a capa y espada a los tesoreros, a los "amigos" que nos regalan actos electorales, a las empresas que se cobran en contratos a dedos, a las constructoras e intermediarios que elevan el precio de sector inmobiliario (y el precio de nuestras viviendas) porque parte de las comisiones se convierten en maletines que terminan pagando coches, asesores o actos de partido, a los ayuntamientos que recalifican suelos no para aumentar la oferta y disminuir los precios de las viviendas a sus ciudadanos sino para devolver los favores recibidos, y así podríamos seguir sumando.
De todo lo que he leído o escuchado sobre los últimos casos, ni comentaristas ni políticos van al origen del problema y son ya muchas, demasiadas, las corrupciones "conocidas" en tan pocos años de democracia. No basta con denunciar la corrupción del momento, ni a los ejecutores, con esos la justicia que actúe, pero ¿basta una sanción económica a quienes les amparan?, por no decir que estas actuaciones delictivas se hacen en su nombre y arropados por las leyes que los propios grupos políticos redactan para protegerse.
Da lo mismo quien sea primero si el huevo o la gallina, los dos son necesarios para que este sistema se siga manteniendo. Por eso los corruptos tienen nombres y apellidos y deben cumplir su pena, pero no podrían haberlo sido sin el mirar para otro lado, que detrás pongo la mano, de sus partidos.
No podemos olvidar que dejamos en sus manos nuestras decisiones y que actúan en nuestro nombre, pero podemos seguir quedándonos callados.
