viernes, 18 de junio de 2010
Es una pena que el gobierno no se haya atrevido a hacer la reforma laboral directamente, que hayamos tenido que esperar dos años de una negociación estéril entre sindicatos y patronal y que salga descafeinada con el único objetivo de abaratar los costes del despido de los trabajadores con antigüedad, cuando éste no es tan alto como hemos visto en estos años donde se ha duplicado la cifra de paro.
Nos quedan varios meses de negociación del decreto para que sea efectivo, pero creo que no valdrá para nada porque la contratación no está ralentizada por los tipos de contrato, sino por la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas, que no pueden continuar su actividad porque tienen sus cuentas de crédito paralizadas por los bancos. Parece que dos años después de la ley, el ICO va a dar directamente el crédito porque no se ha conseguido que las instituciones financieras abran el grifo, ni siquiera las cajas de ahorro, instituciones financieras públicas que han estado estos años más preocupadas por ocultar las cuentas corrientes de los partidos políticos que las gobiernan y camuflar las inversiones realizadas por decisiones políticas y no financieras en sus comunidades autónomas. Pero esa es otra historia.
¿Hacia donde debería ir una reforma laboral efectiva y que nuevos conceptos se introducen en esta propuesta del gobierno? A mi entender varios son los puntos que han de tenerse en cuenta:
1. Los tipos de contrato de trabajo. Debería irse a cuatro únicos contratos de trabajo, tratando de reimplantar el contrato indefinido.
2. El contrato indefinido debería ser la norma de contratación y para ello, debería existir una exención de las cuotas de la seguridad social para las empresas de al menos un año, con el compromiso de no destruir el puesto en al menos 10 años. La indemnización por despido debería ser decreciente, es decir el despido debería ser de 45 dias los tres primeros años, de 30 los siguientes para reducir la tentación de despedir a los trabajadores más antiguos.
3. El contrato fijo discontinuo. Para los trabajos temporales de empresas estacionales de los sectores turísticos, agrícolas, parques temáticos, etc. Las indemnizaciones por despido y las exenciones de promoción de la contratación deberían ser idénticas a las de contrato indefinido pues es un contrato de este tipo.
4. El contrato temporal se debe aprobar solo en casos excepcionales, de inicio de actividad empresarial, en picos de actividad, etc., con un máximo de 2 años, sin que pueda ese puesto de trabajo cubrirse con el mismo trabajador u otro con una modalidad de contrato temporal sino indefinido. La indemnización debería ser de 45 días por despido para fomentar el contrato indefinido. La ampliacióna de tres a cuatro años del contrato por obra o servicio contenido en el decreto no va precisamente en la dirección de favorecer el cocntrato indefinido.
5. El contrato en prácticas, se debería realizar y promover únicamente durante el periodo de formación (de estudios del trabajador) y por ley estar incluido en los planes de estudios, de manera que la formación estuviera en los últimos años combinada con la experiencia en el puesto de trabajo, con los mismos derechos y deberes de los trabajadores en ese periodo. Este contrato al menos debería ser de un año en el último periodo formativo con estudios de mejora de productividad, que serían evaluables en su etapa de formación. Una vez finalizado el periodo formativo no deberían estar contemplado este tipo de contratos pues sería una contratación en fraude de ley. En este caso la finalización del contrato no conllevaría liquidación.
6. En todos los casos, salvo de prácticas que sería de 15 días, el periodo de prueba debería ser de 3 meses en los que realmente se evaluara la idoneidad del candidato para el puesto, fuera de este periodo todo el despido debería ser improcedente salvo en casos excepcionales de errores en el puesto.
7. Los contratos de inmigrantes deberían estar especialmente controlados por la inspección laboral, para que no se conviertan en una sustitución barata y con menos derechos. Todos los trabajadores han de ser iguales ante la ley y quien contrata un trabajador inmigrante ha de realizarlo en las mismas condiciones salariales y de seguridad e higiene que un nacional. Es mas, la cuota sanitaria de la seguridad social debería descontarse, pero en los trabajadores inmigrantes que se les contrata por un periodo temporal (vendimia, etc.) y que por tanto deberían volver a su país de origen al finalizar el mismo, la cuota de desempleo no debería descontársele con lo que cobrarían mas que el nacional. Así volvería a su país al finalizar el contrato sin haber generado derechos de asistencia al desempleo, que es una de los errores cometidos hasta la fecha en nuestro pais.
8. Las administraciones públicas, especialmente las locales, deberían ser las que cumplieran más rigurosamente las políticas laborales. La connivencia de los sindicatos con los partidos políticos, permite que se hagan contratos en fraude de ley que no se les permite a las empresas privadas. Cuando deberían nuestras instituciones dar ejemplo nos encontramos que los ayuntamientos, las comunidades y las empresas públicas, son las que más defraudan en el marco laboral: contratos temporales para puestos estructurales durante años, por ejemplo, y despidos sin indemnización que deben resolver los tribunales. Las administraciones públicas y sus gestores políticos, deberían por ley, tener un plus de culpabilidad en las contrataciones irregulares por dos motivos: el primero porque no arriesgan su capital, como las empresas privadas, sino el dinero de todos los ciudadanos y por tanto sus decisiones no suponen ninguna merma de patrimonio personal de los que toman las decisiones, sino del erario publico y dos, porque sus decisiones de política laboral se pueden tomar como un acto de partido tendente a granjearse el favor de los electores en lugar de generar riqueza para la sociedad a la que sirve lo que puede constituir un delito electoral. Los contratos de amigos, sindicados o familiares, aumentando las plantillas irregularmente debería estar especialmente penadas.
9. Las administraciones públicas y las empresas de trabajo temporal. Vemos que se anuncia que la administración podrá contratar personal por empresas de trabajo temporal, esto acaba con el tejido de las pequeñas empresas de servicio locales y conculca el actual principio de igualdad en la contratación pública. Este es el mayor cambio y el mas grave, que se percibe en el decreto y sin embargo los sindicatos no dicen nada. Si se tratara de acabar con el estatus funcionarial (anacrónico por otra parte) y eliminar la decisión política en el sistema de acceso a la función pública para pasar a un sistema curricular gestionado por un sistema de contratación objetiva de empresas de recursos humanos, sería bueno, pero lo que parece es que se va a convertir en una doble via para el acceso a la función pública: los hijos de los parias, sin padrinos políticos o sindicales estarán trabajando en la administración, sin derechos con contratos temporales cuya responsabilidad es de las ETT, mientras para los amigos, miembros de los partidos, hijos de los enlaces o delegados sindicales del ayuntamiento o comunidad, se les seguira preparando la oposición para que entren de por vida como hasta ahora con los amplios medios permitidos y amañables: oposcición, concurso-oposición y concurso de meritos, según los politicos entiendan que es mas facil controlar en cada momento. Cambiar la función pública, eliminando la dificultad para prescindir de los que van a servirse y no a servir sigue siendo la mayor lacra laboral de este pais y no se mete mano.
10. Los sindicatos. Siendo una institución esencial para el desarrollo de una sociedad democrática, la realidad en estos años de democracia es que los sindicatos de "clase" (yo diria de "casta politica") se han convertido como hemos visto en sindicatos verticales, pues sirven en la administración a los partidos de los que son parte esencial, es decir sirven a la "patronal" institucional. Por ley en las administraciones públicas los sindicatos deberían ser sectoriales y no partidistas, prohibiéndose los sindicatos de partido en las instituciones gobernadas por sus grupos. Como hemos visto en estos momentos de crisis de manera tan evidente, los sindicatos cuando hay un gobierno "afín" se dedican a amagar con huelgas pero calculando bien no dañar a sus patronos y lo que es mas grave, sin denunciar los casos de corrupción de "sus" políticos. Por ello la administración no debería permitir esta endogamia para que la función sindical sea realmente en beneficio de los trabajadores, para que vuelva a renovarse la confianza en su función, deberían eliminarse las millonarias subvenciones a los sindicatos, tanto las directas que sólo deberían ser por medio de las cuotas de los afiliados y desde luego prohibirse la financiación lateral mediante las subvenciones a formación, actos, etc. que deberían estar para las empresas y profesionales de estos sectores. Sólo así podremos volver a confiar en estas instituciones, que hoy por hoy echamos en falta, ausentes o escondidos como están tratando con gestos vacios que nos se les note que están comprados por el sistema.
11. Los empresarios. Las empresas no pueden seguir financiando al estado. El IVA, es un impuesto que se obliga a recaudar a las empresas y que se debiera pagar cuando se ha cobrado al cliente, algo que solo pasa con las constructoras (las grandes constructoras tienen esta excepción), el resto adelanta el cobro al estado sin saber si va a cobrar la factura. El estado así debería involucrase en penalizar a los clientes que no pagan en tiempo y obligar a las administraciones públicas a servir de ejemplo y pagar en con un máximo de 90 dias fecha factura, y no dos años como ocurre en muchos ayuntamientos, lo que debería ser de obligado cumplimiento para todos. Las empresas así no tendrían que financiar un impuesto que no han cobrado y que supone a priori poner en riesgo su liquidez financiera de manera permanente. En este sentido la ley debería ser rígida con los que hacen negocios con la confianza de los demás sin arriesgar nada.
12. El mercado negro interno. La inspección laboral contra los que contratan en fraude de ley (incluida la administración), por debajo de los parámetros de mercado a inmigrantes, jóvenes con salarios por debajo de convenio, con menos horas cotizadas de las realmente trabajadas, con contrataciones y cuotas de sectores más baratos, supone una competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones. El sector de la jardinería por ejemplo está lleno de subempleados con el convenio agrícola cuando no contratados por la mitad de las horas, haciendo la administración la vista gorda. El mantenimiento calculado de estas bolsas de fraude por parte de la administración invitan a defraudar y no a contribuir a un sistema transparente.
13. El mercado negro global. El mercado global es perfecto, todos los paises deben tener igualdad de posibilidades pero también igualdad de obligaciones. La deslocalización de empresas se produce por la menor incidencia de los costes de producción en países emergentes, sin embargo las exigencias no son las mismas, mientras a las empresas y trabajadores occidentales se les penaliza por el incumplimiento de las normativas laborales, sociales y de seguridad, las grandes compañías (occidentales tambien) se permiten trasladar sus producciones a países totalitarios y emergentes que mantienen niveles de producción esclavistas. No podemos esperar a que estos países pasen treinta o cuarenta años de luchas sociales para que se pongan a la altura de nuestros derechos y mientras tanto ir acabando con nuestro tejido empresarial y laboral. Los productos de los países que no cumplan con las normas laborales y sociales exigidas en nuestro contexto (ojo que no hablo de salarios, sino de condiciones mínimas) deberían estar gravados por un impuesto que igualara sus costes a las producciones europeas mientras no cumplieran con unos mínimos como no emplear a niños en edad escoalr, que sus trabajadores no vivan en condiciones dignas, que se empleen en la producción productos prohibidos en nuestros países por su daño medioambiental, etc.. En esto tampoco escucho la voz de los sindicatos. La globalidad no puede ser una nueva colonización de nuestras empresas con otros parámetros de esclavitud. No nos damos cuenta que con nuestras políticas de mirar para otro lado estamos volviendo a la situación del siglo XVIII y acabando con los derechos conquistados durante tantos años y que sólo benefician a unos pocos y los especuladores que nos han metido en el atolladero que tenemos.
Todo lo que no contemple estos aspectos, a mi modesto entender sobra. Pero como digo esto es sólo una parte para generar confianza y competitividad interna, pero no saldremos de la crisis si no se ataca la restricción al crédito de las pequeñas y medianas empresas y las familias.
