Leía ayer en la prensa un nuevo caso de "secuestro" de un bebé de tres días por parte de los Servicios Sociales de la Generalitat catalana. Una madre, Africa Morena, por un informe erróneo que la consideraba enferma mental, pero sobre todo porque no tenía "medios económicos" para mantenerlo, se vio privada de su hijo a los pocos días de nacer. Tres años instancias, de ruegos, sin que sus argumentos fueran tenidos en cuenta por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Ni las pruebas en contra de los datos erróneos sobre su enfermedad mental, ni la inexistencia de toxicomanías, ni la ausencia de desamparo consiguieron al funcionario de turno y a sus jefes revisar el expediente y devolverle a su hijo. Los tres primeros años de la vida de un bebé, cuando se forjan los lazos familiares y se configura su mente.
Un caso más de las injusticias que se comenten contra los españoles pobres a los que se priva por razones económicas (" cuando se resuelva su situación económica pordrá recuperarlo" parece que le dijeron) del derecho a criar a sus hijos. Y digo españoles cuando debería decir débiles, porque, como argumentó su defensa en el juzgado, "en ambientes y entornos sociales marginales... aún en la pobreza, en el chabolismo y nula escolarización, los niños conviven con sus padres sin que las instituciones de protección adopten otras medidas que las de un seguimiento y vigilancia", como podemos ver en muchos nucleos chabolistas de las grandes ciudades donde los servicios sociales montan escuelas, atención a las familias, a persar de que la droga y la delincuencia convivan con el menor a diario. Pero, como siempre, los cobardes se ensañan con los débiles y en esta clasificación debieron meter a África Morena, para retirarle a su bebé, estos funcionarios, dedo funcionarios o becarios, seguramente sin hijos que aplicaron más el dogma que el corazón y se enrocaron en su decisión a pesar de los recursos de la madre suplicando que le devolvieran a su hijo, donde demostró como ahora se reconoce, que ni era toxicómana, ni tenia problemas mentales ni estaba incapacitada para criar a su hijo.
Afortunadamente una juez ha obligado a la administración catalana a devolver el niño a su madre biológica, no sin un último intento de esta administración por dilatar la orden del juez que tuvo que advertirles que "No corresponde a la Direcció d´Atenció a la Infància determinar la forma en que ha de llevarse a cabo la sentencia dictada".
Africa, a pesar de todo, has tenido suerte, porque recuerdo muchos casos similares en mi tierra donde a pesar de las condenas reiteradas, la Junta de Andalucía consiguió dilatar tanto los procesos que con los niños ya púberes los jueces considerarón que ya no era momento de devolverlos a su hogar por el desarraigo existente. Sin que nadie dimitiera o se le expulsara de la función pública.
Es demoledor que una decisión injusta no se puede revocar por los propios que la cometieron y que tengamos los ciudadanos que alargar la solución judicializando el proceso para que se resuelva. Nos estamos acostumbrando demasiado a permitir que se sacudan los errores estos "funcionarios" derivando la responsabilidad a los jueces y eliminando toda posibilidad de solución en el proceso administrativo.
Quiero recordar que uno de los argumentos básicos contra la pena de muerte es que la justicia puede equivocarse y una vez cumplida la pena el error es irreparable. En este caso ha tenido solucion pero el daño hecho tambien es irreparable y deberían replantearse, si no cerrar estas agencias que al menos se limiten a elaborar los informes previos, pero que decisiones tan graves como privar a un hijo de sus padres las tome un juez especializado o al menos exigir que los que tienen el poder de destrozar una infancia y a una madre, necesitaran tener familia e hijos y que una decisión de este tipo tuviera una supervisión más fiable que la tuvo este caso, menos dogmática y más humana, porque parece una decisión tomada por un becario o becaria, seguramente con muchos títulos pero con muy poco corazón.
La respuesta de la Generalitat catalana ante la pregunta de si se tomarían medidas contra el causante de esta negligencia es de una desfachatez inaudita, argumentar que no hay motivos para abrir ningun expediente porque la madre pudo defender sus derechos ante la justicia no puede tener mas respuesta que apartar de sus funciones a quien hizo estas manifestaciones y a los responsables de esta negligencia.
Unos servicios que responden así, mejor suprimirlos, porque en materia de protección infantil no se pueden tener daños colaterales. Creo que debe existir un sistema de protección del menor, pero cuando las instituciones conculcan de manera probada el derecho de unos padres a criar a su hijo y se empecinan en el error, ha de ponerse en cuarentena la institución causante y a los responsables de la misma.
Algo tenemos que cambiar en nuestra administración, porque no podemos seguir manteniendo personas que generan tanto daño pagados con nuestros impuestos, sin que aparentemente podamos hacer nada para destituirlos.
Los políticos y funcionarios que persisten en los errores, por mas que se les demuestre lo contrario (y se de lo que hablo) deberían recibir la misma medicina que nos recetan. Hay que revisar urgentemente las condiciones en que los funcionarios que cometen estos atropellos a nuestros derechos se pueden mantener en el cargo. Por justicia deberían ser automáticamente apartados de sus funciones y que pasen, como ellos nos proponen a nosotros, por un juez que decida si la negligencia cometida les hacen fiables para seguir en su puesto de por vida. Si esto se hiciera, como ocurre en algunos colectivos como policías, médicos, etc.., seguro que se lo pensaban dos veces antes de actuar con tanta ligereza, cuando no con soberbia o mala fe.
Seguramente estos Servicios Sociales tienen muchos Certificados de Calidad Europeos, ¿nadie se los va a quitar? porque a esta madre y a su niño no le pagan el sufrimiento causado, ni el dinero ni todo el bien que se haya hecho en otros casos.
Enhorabuena Africa y perdona por la parte que, como miembro de esta sociedad, me corresponde por el daño que te hemos hecho a ti y a tu hijo. Confío en que el devenir os compense el sufrimiento que habéis pasado.
La noticia en este enlace: http://www.publico.es/espana/343627/la-generalitat-condenada-a-devolver-un-nino-a-su-madre
Un caso más de las injusticias que se comenten contra los españoles pobres a los que se priva por razones económicas (" cuando se resuelva su situación económica pordrá recuperarlo" parece que le dijeron) del derecho a criar a sus hijos. Y digo españoles cuando debería decir débiles, porque, como argumentó su defensa en el juzgado, "en ambientes y entornos sociales marginales... aún en la pobreza, en el chabolismo y nula escolarización, los niños conviven con sus padres sin que las instituciones de protección adopten otras medidas que las de un seguimiento y vigilancia", como podemos ver en muchos nucleos chabolistas de las grandes ciudades donde los servicios sociales montan escuelas, atención a las familias, a persar de que la droga y la delincuencia convivan con el menor a diario. Pero, como siempre, los cobardes se ensañan con los débiles y en esta clasificación debieron meter a África Morena, para retirarle a su bebé, estos funcionarios, dedo funcionarios o becarios, seguramente sin hijos que aplicaron más el dogma que el corazón y se enrocaron en su decisión a pesar de los recursos de la madre suplicando que le devolvieran a su hijo, donde demostró como ahora se reconoce, que ni era toxicómana, ni tenia problemas mentales ni estaba incapacitada para criar a su hijo.
Afortunadamente una juez ha obligado a la administración catalana a devolver el niño a su madre biológica, no sin un último intento de esta administración por dilatar la orden del juez que tuvo que advertirles que "No corresponde a la Direcció d´Atenció a la Infància determinar la forma en que ha de llevarse a cabo la sentencia dictada".
Africa, a pesar de todo, has tenido suerte, porque recuerdo muchos casos similares en mi tierra donde a pesar de las condenas reiteradas, la Junta de Andalucía consiguió dilatar tanto los procesos que con los niños ya púberes los jueces considerarón que ya no era momento de devolverlos a su hogar por el desarraigo existente. Sin que nadie dimitiera o se le expulsara de la función pública.
Es demoledor que una decisión injusta no se puede revocar por los propios que la cometieron y que tengamos los ciudadanos que alargar la solución judicializando el proceso para que se resuelva. Nos estamos acostumbrando demasiado a permitir que se sacudan los errores estos "funcionarios" derivando la responsabilidad a los jueces y eliminando toda posibilidad de solución en el proceso administrativo.
Quiero recordar que uno de los argumentos básicos contra la pena de muerte es que la justicia puede equivocarse y una vez cumplida la pena el error es irreparable. En este caso ha tenido solucion pero el daño hecho tambien es irreparable y deberían replantearse, si no cerrar estas agencias que al menos se limiten a elaborar los informes previos, pero que decisiones tan graves como privar a un hijo de sus padres las tome un juez especializado o al menos exigir que los que tienen el poder de destrozar una infancia y a una madre, necesitaran tener familia e hijos y que una decisión de este tipo tuviera una supervisión más fiable que la tuvo este caso, menos dogmática y más humana, porque parece una decisión tomada por un becario o becaria, seguramente con muchos títulos pero con muy poco corazón.
La respuesta de la Generalitat catalana ante la pregunta de si se tomarían medidas contra el causante de esta negligencia es de una desfachatez inaudita, argumentar que no hay motivos para abrir ningun expediente porque la madre pudo defender sus derechos ante la justicia no puede tener mas respuesta que apartar de sus funciones a quien hizo estas manifestaciones y a los responsables de esta negligencia.
Unos servicios que responden así, mejor suprimirlos, porque en materia de protección infantil no se pueden tener daños colaterales. Creo que debe existir un sistema de protección del menor, pero cuando las instituciones conculcan de manera probada el derecho de unos padres a criar a su hijo y se empecinan en el error, ha de ponerse en cuarentena la institución causante y a los responsables de la misma.
Algo tenemos que cambiar en nuestra administración, porque no podemos seguir manteniendo personas que generan tanto daño pagados con nuestros impuestos, sin que aparentemente podamos hacer nada para destituirlos.
Los políticos y funcionarios que persisten en los errores, por mas que se les demuestre lo contrario (y se de lo que hablo) deberían recibir la misma medicina que nos recetan. Hay que revisar urgentemente las condiciones en que los funcionarios que cometen estos atropellos a nuestros derechos se pueden mantener en el cargo. Por justicia deberían ser automáticamente apartados de sus funciones y que pasen, como ellos nos proponen a nosotros, por un juez que decida si la negligencia cometida les hacen fiables para seguir en su puesto de por vida. Si esto se hiciera, como ocurre en algunos colectivos como policías, médicos, etc.., seguro que se lo pensaban dos veces antes de actuar con tanta ligereza, cuando no con soberbia o mala fe.
Seguramente estos Servicios Sociales tienen muchos Certificados de Calidad Europeos, ¿nadie se los va a quitar? porque a esta madre y a su niño no le pagan el sufrimiento causado, ni el dinero ni todo el bien que se haya hecho en otros casos.
Enhorabuena Africa y perdona por la parte que, como miembro de esta sociedad, me corresponde por el daño que te hemos hecho a ti y a tu hijo. Confío en que el devenir os compense el sufrimiento que habéis pasado.
La noticia en este enlace: http://www.publico.es/espana/343627/la-generalitat-condenada-a-devolver-un-nino-a-su-madre
